Podríamos decir que fueron días turbulentos para Ian Moche, niño de 12 años con espectro autista que desde muy pequeño concientiza en sus redes sociales sobre cómo es vivir con su diagnóstico. Es que la semana pasada, la mamá del nene platense reveló el incómodo encuentro que mantuvo con Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quien puso en tela de juicio los subsidios que reciben las personas con discapacidad.

Pero ayer el conflicto escaló a altas esferas y fue con el propio presidente el que tomó partido por su funcionario al intentar desacreditar a Ian y su familia publicando fotos de una reunión que mantuvieron con la ex presidente Cristina Kirchner. En concreto, Javier Milei compartió tanto en su Instragram como X un collage compuesto por tres fotos: el niño en el programa de Paulino Rodrígues, en la segunda con la ex presidenta Cristina Kirchner y en la última junto a Sergio Massa.

Hace tiempo atrás Ian abrió sus redes sociales para contar cómo se vive con una condición, cómo se vive con un diagnóstico. Un niño con distintas condiciones necesita un despliegue de terapias y acompañamientos para poder transitar este mundo en las mejores condiciones que se pueda.

La lectura política de este caso siempre termina en la simplificación de un mundo tan complejo, como es el de la discapacidad. Detrás de cada niño hay un equipo de profesionales, familias que buscan y rebuscan las herramientas necesarias para la evolución de sus hijos. Y, en este país donde los residentes médicos del Hospital de Garraham cobran casi 800 mil pesos, los terapeturas no llegan tampoco a fin de mes. Es más, no sólo hace varios meses no reciben una actualización de sus honorarios, sino que también cobra después de 2, 3 meses con suerte.

¡Qué causalidad! Cuando el gobierno hace un abandono sistemático de esta rama de la salud, el Congreso de la Nación se prepara para debatir un proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta incluye medidas relacionadas con el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.

La Ley de Emergencia en Discapacidad también contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos de servicios y el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad. En este sentido, se prevén incentivos para las empresas que decidan contratar a trabajadores de este grupo, con el objetivo de fomentar su inclusión en el mercado laboral.

El proyecto, que cuenta con al menos tres dictámines en comisión, permite que sea llevado al recinto para su debate. No obstante, desde Casa Rosada se mantiene una postura firme en contra de la medida, priorizando el cumplimiento de las metas fiscales establecidas.

Mientras el gobierno pretende visibilizar la discapacidad como un gasto más, sin sentido tenemos la otra cara de esta realidad: representantes del pueblo a poco de debatir una ley necesaria para el crecimiento de muchos Ian. Días atrás familias y terapeutas se movilizaron al Congreso para reclamar esta ley, que más que asistencialismo, como lo ve el Poder Ejecutivo, es la puerta para avanzar en esta problemática, para hacer de cada condición un desafío que aporte a este país.